La deforestación criminal sigue imparable
Por: Mouris Salloum George
La escasez de agua en varias regiones del país, se agrava cada año. Las presas del Valle de México están en su nivel de captación más bajo de los últimos años, a menos de la mitad a simple vista: la de Valle de Bravo y Villa Victoria –en el Estado de México- y la de El Bosque, en Michoacán.
Para dar idea del agotamiento, algunas estimaciones de Conagua –el organismo regulador- señalan que de cada 10 gotas de lluvia que se precipitaban en tiempos normales, en estos últimos cuatro años apenas caen tres.
Lo cierto es que de continuar la tala inmoderada, irracional y clandestina, de los bosques del Estado de México, y en general de todos en el país, el problema de escasez va a complicarse.
A pesar de la explotación irracional, de acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la riqueza forestal de México -hasta el año 2020- sumaba 65.7 millones de hectáreas de superficie arbolada (bosques, selvas, manglares y otras asociaciones vegetales).
Se ha venido denunciando la tala irracional y clandestina, pero de poco ha servido. Algunos datos de la FAO establecen que México tuvo en los últimos lustros un nivel de deforestación de 155 mil hectáreas por año, y que al menos 60 mil son irregulares. Hasta un 70% de la comercialización de madera tiene origen ilegal.
La PROFEPA tiene identificadas 108 “zonas críticas” forestales en el país, en las que ocurren diversos delitos ambientales en toda la cadena productiva forestal. Para combatir el problema, esa dependencia federal implementa acciones diversas, pero con escasos resultados.
A pesar de las tristes evidencias (lagos, lagunas y ríos agotados y contaminados), la falta de conciencia es patente y criminal. Este es el caso del desarrollo residencial “Bosque Diamante” en el municipio Jilotzingo, del Estado de México, que ha suscitado mucha polémica.
Este proyecto consiste –de acuerdo con los denunciantes- en la construcción de cerca de 20 mil viviendas -según permiso obtenido por los desarrolladores en 2017- sobre una superficie de 238 hectáreas de bosque de encino, lo cual implicaría acabar con 180 mil árboles. La población actual del municipio pasaría de 20 mil habitantes a más de 80 mil.
Si llegara a consumarse el irracional megaproyecto –denuncian los habitantes del municipio- se reduciría el caudal de agua para la cercana Presa Madín, que provee del vital líquido a importantes municipios de la región. El asunto quedó en manos de los jueces y ministros.
Otro ejemplo de la criminal mentalidad antiecológica es el municipio de Huixquilucan -al occidente de la Ciudad de México-, donde desde hace años los desarrolladores invaden el exuberante bosque con grandes construcciones residenciales de gran lujo, rodeadas de asentamientos irregulares de bajos recursos.
Todos los días la mancha urbana capitalina sigue ganando terreno. La sociedad tiene que presionar hacia la adopción de otras medidas regulatorias y sancionatorias. Está de por medio el agua, y los bosques debieran ser intocables.
