En noviembre se definirá situación jurídica de Emilio Lozoya
Será el próximo 4 y 7 de noviembre cuando se defina si Emilio Lozoya Austin logra cerrar o no el acuerdo con el gobierno federal para evitar ser procesado por los casos Odebrecht y Agronitrogenados, o si, por el contrario, debe ir a juicio.
Esto, luego de que la jueza Verónica Gutiérrez Fuentes, adscrita al Centro de Justicia Federal del Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de México definió las fechas para las audiencias intermedias, al concluir que los procesos anteriores no pueden continuar en indefinición, pues ya cumplieron dos años y se han ido aplazando por diversas razones.
Las audiencias estaban programadas originalmente para desahogarse en abril pasado. Sin embargo, tanto la defensa de Lozoya Austin como los representantes de Pemex y de la Fiscalía General de la República (FGR) solicitaron que se pospusieran ante la posibilidad de llegar a un acuerdo económico.
El exdirector de Pemex ha ofrecido pagar 10.7 millones de dólares por concepto de reparación del daño para obtener un acuerdo reparatorio y un criterio de oportunidad, para que se suspendan los procesos penales en ambos casos.
Todas las partes solicitaron en principio un plazo de dos semanas para alcanzar el potencial acuerdo, pero dicho plazo se ha ido ampliando indefinidamente ante las dificultades para cerrarlo.
Las negociaciones siguen a la fecha.
En enero pasado, los fiscales de la FGR decidieron presentar las acusaciones formales por escrito en contra del exdirector de Pemex luego de concluir que la colaboración que ha brindado para denunciar otros hechos de corrupción no ha sido suficiente para otorgarle una salida alterna o un criterio de oportunidad.
El pasado 7 de junio, el equipo de abogados de Emilio Lozoya informó que su cliente estaba en la mejor disposición de cubrir íntegramente los montos solicitados para cubrir la reparación del daño en los procesos que enfrenta por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
Respecto al adeudo fiscal de 2 millones 695 mil 985.32 pesos, por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR), sus abogados aseguraron que el monto fijado por las autoridades.
