Congreso intervendrá tesorería de la alcaldía de Sayula de Alemán
Xalapa, Veracruz. — El Congreso del Estado de Veracruz intervendrá de manera formal la tesorería del Ayuntamiento de Sayula de Alemán, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Esteban Bautista Hernández, quien explicó que la decisión fue tomada tras una serie de irregularidades detectadas en la administración municipal encabezada por la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas.
Renunciaron regidores y síndicos
La medida se produce luego de que, en marzo pasado, varios integrantes del cabildo —entre ellos regidores y síndicos— presentaran su renuncia, argumentando graves irregularidades en el manejo de los recursos públicos y señalando directamente a la presidenta municipal por presuntos actos de corrupción y falta de transparencia en la gestión financiera del ayuntamiento.
“La intervención se hace en el marco de la ley, con base en lo que establecen los mecanismos de control legislativo para salvaguardar los recursos públicos y garantizar la correcta operación de los servicios municipales”, detalló Bautista Hernández
Añadió que se trata de una acción preventiva y correctiva ante una administración que ha demostrado signos de ingobernabilidad y desorden financiero.
Ingobernabilidad en Sayula de Alemán
De acuerdo con fuentes legislativas, la intervención implicará que el Congreso, a través de la Comisión de Vigilancia y en coordinación con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), asuma temporalmente el control de la tesorería municipal para auditar el uso de recursos, revisar contratos y garantizar el cumplimiento de obligaciones financieras y administrativas.
Habrá juicio político a alcaldesa
Por otro lado, Bautista Hernández también informó sobre el avance del juicio político solicitado contra la alcaldesa de Álamo Temapache, Blanca Lilia Arrieta Pardo.
Indicó que el proceso sigue su curso dentro de los plazos establecidos, y será evaluado por las comisiones legislativas correspondientes para determinar si existen elementos suficientes que ameriten su destitución o sanciones administrativas.
“Estamos atendiendo con responsabilidad las denuncias presentadas por ciudadanos y funcionarios municipales. El Congreso tiene la obligación de actuar cuando hay señales de corrupción o de uso indebido del poder público”, afirmó el legislador.
Estas acciones legislativas se enmarcan en un contexto de creciente vigilancia ciudadana y presión social para combatir la impunidad en el ejercicio de los cargos públicos.
